Tortura sexual a mujeres como práctica habitual para obtener confesiones

3 de Julio de 2016 |

Según revela una investigación sin precedentes realizada por Amnistía Internacional sobre 100 mujeres detenidas en México, éstas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.

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El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.